Urbanismo en La Pobla de Vallbona: de los 66.000 euros de un arquitecto municipal en 2007 a los 732.264 en el pago de los salarios de la actualidad

L’Actualitat analiza los gastos que el área de urbanismo supone históricamente en la localidad.

El departamento de Urbanismo en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha sido, históricamente, uno de los ejes centrales y fundamentales en la actividad económica y social de la localidad y que, por ende, ha servido como motor de crecimiento poblacional en la comarca del Camp de Túria. El auge de las segundas residencias ha puesto a la Pobla de Vallbona en el mapa de las comunicaciones que, de boca a boca, ha crecido enormemente y de forma exponencial en los últimos años.  

Los costes económicos que han soportado las arcas municipales, en especial la citada área de Urbanismo cuyos ingresos, salarios y gastos diversos han crecido hasta duplicarse en muy pocos años, más allá del boom que se vivió en la localidad hace casi dos décadas. L’Actualitat se adentra en esa estructura. 

Los últimos siete años son paradigmáticos en esa forma de funcionar que ha existido en la Pobla de Vallbona. Sin embargo, echando la vista unos años antes urbanismo ya fue noticia porque durante esos años de expansión, en concreto el año 2007, el arquitecto municipal pasó de cobrar un salario público de 47.000 a 66.000 euros, es decir, un incremento de hasta un 40% en tan poco periodo de tiempo. Todo ello, en plena burbuja inmobiliaria y urbanística en la que entraban en los ayuntamientos insultantes ingresos en materia de concesión de licencias urbanísticas.  

Este salario público procedentes de los fondos municipales suponía que el trabajador se convertía en el empleado mejor pagado del ayuntamiento, incluso por encima de los habilitados nacionales –secretario e interventor- con unos emolumentos que levantaron una enorme polvareda, no solo en los medios de comunicación, sino que llegó a éstos por la traslación provocada en el ámbito político entre el gobierno y la oposición. 

La controvertida figura del arquitecto municipal era tal que, hasta aquel momento verano de 2007, el empleado percibía 47.000 euros anuales por acudir a su puesto de trabajo durante tres días a la semana, una cifra considerable si tenemos en cuenta que el resto de la semana podía compatibilizar con otras actividades. 

Con las nuevas cifras, el arquitecto municipal pasaba a ver incrementado su estatus económico con otros 19.000 euros de forma que de los tres días a la semana que tenía hasta entonces pasará a hacerlo todos los días. En plena cresta descendente ya de la burbuja inmobiliaria, el Partido Popular convertía a este trabajador público en uno de los mejor pagados en su categoría profesional respecto de cualquier otro ayuntamiento valenciano. 

La manga ancha para pagar este tipo de cifras dejaba a este trabajador municipal en 3.300 euros mensuales por un tiempo parcial –los tres días semanales- de los que pasó a percibir 4.700 euros al mes también, pero por una dedicación a tiempo completo, con sus respectivas mensualidades extra –dos al año-, sus complementos y otro tipo de conceptos. 

Gastos de funcionamiento

Paralelamente, la estructura del departamento no se ha quedado atrás.  Así, en el año 2014 los gastos generales ascendían a 483.258 euros mientras que la actividad de aquel momento producía ingresos de 40.000 euros en tasas de licencias de obras y 85.000 en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). El siguiente año los salarios aumentaban hasta los 498.490 euros mientras que las tasas eran se reducían a 35.000 euros y el ICIO se incrementaba a los 100.000 euros. 

En 2016 los gastos ascendían nuevamente a 510.000 euros y los ingresos se mantenían en 30.000 y 100.000 euros respectivamente. En el ejercicio de 2017, sorprendentemente, nuevamente aumentaban los gastos hasta alcanzar los 651.265 euros y los ingresos disminuían a los 20.000 y 70.000 euros. El salto cualitativo se sustancia en el ejercicio de 2018 con 1 millón de euros e ingresos similares con 40.000 en tasas y 130.000 en el ICIO. 

El pasado año los gatos en salarios, proyectos y estudios urbanísticos se redujeron a 768.976 euros y unos ingresos de 50.000 y 200.000 euros. Para este año, por el contrario, los gastos ascienden a 732.264 euros y los ingresos se desbocan en el ICIO con una previsión muy optimista que se cifra en 670.000 euros –la más alta desde hace más de una década- mientras que en las tasas se espera recaudar otros 70.000 euros.  

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