La Pobla de Vallbona gastará 564.000 euros en revisar el actual plan general mientras la oposición prevé un contrato ‘a la carta’ y ‘con nocturnidad’ para una empresa concreta

Gobierno y oposición mostraron sus discrepancias durante el debate de política local

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La revisión del actual plan general de ordenación urbana (PGOU) de la Pobla de Vallbona fue uno de los temas que se trató en el pasado debate político celebrado en la televisión local. Mientras el gobierno municipal abogó por una revisión del actual planeamiento urbanístico que data del año 2004 y entre cuyos objetivos figura una localidad con un máximo de casi 100.000 habitantes, la oposición rechazó que sea una necesidad, además de ser un gasto económico superfluo y alejado de cualquier urgencia. Incluso, desde algún grupo político llegaron a hablar de “contrato a la carta” el que planea el concejal de urbanismo, Juan Aguilar, de Cupo, en el procedimiento de redacción y adjudicación de los trabajos de redacción del documento. 

Las cuestiones urbanísticas son, de facto, uno de los escollos y piedra angular sobre la que gravitan buena parte de las fricciones entre gobierno y oposición. La falta de servicios públicos en una gran mayoría de las áreas residenciales de la Pobla de Vallbona constituye uno de los problemas más grave que afronta actualmente la localidad. La ausencia de colectores, de asfaltado o alumbrado público, así como otros servicios son, a día de hoy, una parte del paisaje en numerosas urbanizaciones. La financiación de los mismos, la redacción de estas zonas de actuación, así como los plazos de ejecución subyacen en el horizonte que, desde hace años, reposa sobre la mesa del titular del departamento de urbanismo. Sin embargo, no es un problema nuevo. Se arrastra desde hace décadas, aquellos tiempos en los que los propietarios pagaban una sanción por construir en un lugar inapropiado del término municipal y, a cambio, podían continuar con su proyecto. Terminar las obras y empezar a vivir. Todo era posible. Aquellos fangos trajeron estos lodos. Decenas de viviendas construidas al margen del planeamiento y que carecen de los más básicos servicios públicos. 

El proyecto del equipo de gobierno prevé un gasto de 564.000 euros en total, cuya cuantía saldrá próximamente a licitación pública, que se podrá pagar en un periodo máximo de cinco años. El citado quinquenio será el tiempo durante el cual permanecerá la empresa adjudicataria con las labores de redacción y elaboración. La idoneidad y el coste económico centraron el núcleo del debate entre gobierno y oposición. Mientras el gobierno local considera que ahora es, precisamente, el tiempo para acometer el proyecto, la oposición municipal subraya que no existe una necesidad urgente. “Si no lo revisamos ahora, nos dirigimos hacia una localidad de 100.000 habitantes”, afirmó el alcalde. El portavoz de Vox, Miguel Ángel Huerta, replicó que el gobierno actual “no quiere que la gente venga a la Pobla a vivir, el término municipal es muy disperso, es necesario adecuar los servicios municipales; hacen falta colectores y, en cambio, el gobierno se gasta 700.000 euros”. El edil titular de urbanismo, Juan Aguilar, respondió que las empresas “no vienen porque no tenemos suelo industrial disponible; la gente sí quiere venir a vivir, tenemos 6 millones de metros para desarrollar los 70.000 habitantes nuevos, el actual plan general tiene muchos planes”. 

La portavoz de Ciudadanos, Inma Belenguer, manifestó que se trata de un documento “muy importante, pero, en cambio, no nos hemos reunido, el plan general está vigente desde el año 2004 y ahora quieren gastar 600.000 euros; por ello, es necesario un plan general, pero de consenso, con el apoyo de todas las fuerzas políticas e implicando a todos los partidos para que aporten sus ideas respectivas”.

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