La Pobla asigna 250.000 euros en productividades y otros 37.500 más en gratificaciones a funcionarios que el Síndic de Comptes calificó en 2019 de “no objetivos”

Estos pagos retribuyen el especial rendimiento

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha asignado para el presupuesto de este año un total de 250.427’18 euros en productividades a los empleados públicos y otros 37.500 euros en gratificaciones a pesar de que el Síndic de Comptes advertía en un informe rubricado a mediado del pasado ejercicio sobre el funcionamiento interno del consistorio que el complemento de productividad “no está vinculado a una valoración objetiva”. 

La legislación actual define los complementos de productividad como aquellos destinados “a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que un funcionario desempeña su trabajo” y añade que la apreciación deberá realizarse “en función de circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo y los objetivos asignados al mismo”. Y alerta de que no supondrá un derecho para el futuro. Por su parte, las gratificaciones deberán responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. 

Bajo estas premisas previas, el Ayuntamiento destinará los citados 250.000 euros a productividades que se repartirán en los 156.296 euros en el departamento de Seguridad (policía local), los 43.400 euros del área de administración general, los 17.957 de la gestión de contabilidad, los 12.849 euros del departamento de urbanismo, los 3.811 euros de la gestión del sistema tributario o los 3.495 euros de la oficina de atención al ciudadano (OAC). 

Existen otras áreas del ayuntamiento que para los que se han designado cantidades más exiguas que oscilan entre los 1.813 euros de la Casa de Cultura, los 1.941 de Acción Social, los 1.864 de la gestión de deuda y tesorería, los 1.554 euros de las instalaciones deportivas a los 779 euros de Servicios, los 907 de la biblioteca o los 2’59 euros de la oficina del consumidor (OMIC). 

En cuanto a las gratificaciones, se aplican las mismas proporcionalidades como los 13.600 de Seguridad (policía local), los 4.000 euros de la Casa de Cultura o los 3.200 de la gestión tributaria. En un segundo plano se sitúan otros como los 1.600 de la gestión de los sistemas contables, los 1.500 de acción social o los 1.400 euros de la OAC. 

El Síndic apunta, en este sentido, un aumento considerable de empleados interinos, es decir, aquellos que ocupan una plaza, aunque no en propiedad, al pasar de los 42 trabajadores con interinidad del año 2016 a los 65 del ejercicio de 2018. En cuanto a los funcionarios de carrera –aquellos con plaza en propiedad- se mueven en parámetros similares, 85 en 2016 y 81 en 2018. 

Control político

Un mayor número de trabajadores interinos se asocia, normalmente, con un mayor control de los políticos de turno sobre ellos, ya que al no tener su plaza en propiedad su permanencia en la administración local puede estar vinculada a la “discrecionalidad” del concejal o concejala a la hora de continuar en su puesto laboral. 

Por tanto, cuanto más interinos existen en una administración mayor será el carácter “moldeable” de los trabajadores municipales. En cambio, el funcionario de carrera no está sujeto al libre albedrío de los políticos y, por tanto, puede desempeñar su labor con mayor ahínco sin miedo a perder su plaza. 

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