El pleno de la Pobla de Vallbona elige a Asunción Garcia Sania como nueva juez de paz de la localidad con los votos de Compromís, PSPV, Contigo, Cupo y Cs

Lluís Garcia Sania será el juez de paz suplente entre una terna de ocho candidaturas locales

El pleno del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha elegido a Asunción Garcia Sania como nueva juez de paz de la localidad con los votos favorables del equipo de gobierno, Compromís, PSPV, Contigo y Cupo, a los que se añadió Ciudadanos. La elección se produjo en el pasado pleno ordinario del ayuntamiento vallbonense entre una terna de ocho candidatos en total. El citado órgano colegiado realizó las elecciones del juez de paz titular y del suplente, que recayó, en esta ocasión, en Lluís Garcia Sania, con los votos, igualmente, del equipo de gobierno. Vox se decidió por la abstención en ambas elecciones. Entre las candidaturas presentadas, cabe destacar que Francisco Martí Campos, Margarita Inés Pons Barros y Silva, Francisca Alcañiz Roca, Jesús Miguel Tortajada Salavert y Miguel Crespo Alba no recibieron el respaldo de ninguno de los concejales del pleno en sus aspiraciones de acceder a este cargo judicial, es decir, se quedaron con 0 votos. Por el contrario, Maria Paz Martínez Aparicio recibió el apoyo del Partido Popular, tanto en la elección a juez de paz como en el cargo de suplente de la Pobla de Vallbona.

Con la elección de la juez de paz de la localidad, se van aliviando la tempestad que en los últimos meses sacude a este órgano judicial por la falta de personal y recursos humanos que impiden el correcto funcionamiento cotidiano. De hecho, este pasado verano el juzgado de paz se vio obligado a cerrar el 10 de julio por la falta de personal laboral, en un caso por una baja por enfermedad de un trabajador y en el otro caso por las vacaciones de otro empleado. De este modo, el juzgado permaneció con las persianas bajadas hasta el 11 de agosto, es decir, un mes entero y en pleno periodo estival. La ratio se sitúa en casi 12.500 habitantes por cada uno de los dos funcionarios existentes, es decir, una muy elevada de las recomendaciones establecidas por las instituciones judiciales. El personal de este órgano judicial tiene que gestionar el volumen de trabajo derivado de los casi 25.000 habitantes de la Pobla de Vallbona, las numerosas urbanizaciones y los polígonos industriales, una extensión todos ellos del crecimiento exponencial de la última década.

Además, cabe señalar que Comisiones Obreras (CC OO) ha denunciado repetidamente la situación en se halla el juzgado de paz de la Pobla de Vallbona por cuanto la Dirección General de Justicia no ha solventado estas carencias de personal de acuerdo a las exigencias por el número de población existente y la carga de trabajo que soporta actualmente. “La administración no parece importarle demasiado si se presta o no el servicio que la ciudadanía se merece, la única prioridad es el ahorro”, son las denuncias del sindicato. Añaden, también, que la escasa dotación de personal de los juzgados de paz en general y la falta de cobertura de bajas y vacantes en estos órganos produce la desatención de poblaciones con este tipo de órgano judicial, una situación extrapolable a decenas de localidades de la Comunitat Valenciana.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO PV lamenta que la solución adoptada durante el verano para solventar la situación haya sido “obligar a un funcionario del juzgado de paz de Benaguasil a cubrir el servicio durante dos horas diarias” ya que, a tenor de la consideración del sindicato, la medida tomada “empeora el servicio en un juzgado para intentar tapar que no se está prestando un servicio adecuado en otro, ya que un solo funcionario y solo dos horas de atención resultan totalmente insuficientes”.

Cierre en el año 2014

Sin embargo, el cierre de este juzgado el pasado verano no es un hecho aislado ni excepcional en su funcionamiento ordinario. De hecho, en el año 2014 el propio Comisiones Obreras ya denunció el cierre del juzgado de paz porque tampoco se había cubierto la baja por enfermedad de dos funcionarios y al mismo tiempo recriminó a la Conselleria de Gobernación y Justicia por “haber vuelto a dejar en el olvido a la justicia de proximidad”. El comunicado del sindicato concluía su alegado con un recordatorio: “A la administración no parece importarle demasiado si se presta o no el servicio que la ciudadanía se merece, la única prioridad es el ahorro”, señalaba.  

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