El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona pasa de tardar 9 días en pagar a los proveedores a hacerlo en 59 días entre finales de 2019 y marzo de este año

El Ministerio de Hacienda hace públicas las cifras de las corporaciones locales en el proceso de pagos financieros a las empresas proveedoras

Las consecuencias de la Covid-19 unida a los procesos farragosos y lentos de la administración local al tiempo que se han producido unos cambios telemáticos han producido un retraso considerable y muy notable a la hora de abonar las facturas que las distintas empresas que ofrecen sus servicios o trabajos a los ayuntamientos. 

La Pobla de Vallbona no es, ni mucho menos, una excepción en un ámbito en el que confluyen las expectativas de las empresas por cobrar de forma ágil y segura en sus relaciones con las corporaciones locales y el ánimo plausible de la propia administración local por hacer efectivo en un tiempo prudencial el pago de los servicios o trabajos recibidos. 

En ese sentido, el Ministerio de Hacienda ha hecho público en su portal de navegación los últimos datos sobre las administraciones locales en toda España, que han dado como resultado un aumento en hasta un 502% en el caso de la Pobla de Vallbona a pesar de que este ayuntamiento siempre se ha mantenido en unos parámetros aceptables por el propio Estado.  

De esta forma, entre diciembre del pasado año en el que el ayuntamiento pagaba en un periodo medio de pago establecido en 9’93 días a hacerlo en 59’79 días de media, según los datos ofrecidos por el ministerio. Con estas cifras, según ha comprobado L’Actualitat, la Pobla de Vallbona ve incrementado en hasta un 502% la tardanza en los pagos entre ambos periodos de tiempo.  

Los cálculos contenidos en el estudio que ha hecho público el Estado reflejan un descenso paulatino y firme en los plazos de pagos en el año anterior 2019 en el caso del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, de tal manera que en el último trimestre del pasado año pasó de los 16’38 días fijados en septiembre hasta los 9’93 días en diciembre, es decir, en solo tres meses de diferencia. 

Cabe recordar que las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda marcan en 30 días el límite razonable que tienen como medida los ayuntamientos a la hora de hacer efectivos los pagos por servicios, trabajos o materiales recibidos por las distintas empresas proveedoras, con el objetivo principal de no provocar colapsos financieros en las mismas mercantiles. De hecho, históricamente, los periodos de tiempos por parte de las principales administraciones públicas son una de las principales razones para explicar los posibles problemas que pueden padecer las citadas empresas. 

Incluso, si nos retraemos más en el tiempo podemos observar que en diciembre de 2018 la ratio de operaciones pagadas era de 13’38%, con un 7’47% y un periodo máximo de pago establecido en un total de 10’60 días. En septiembre de 2019, la ratio de las operaciones pagadas era de un 13’16% mientras que la ratio de las operaciones pendientes de pago era de un 79’47% y, por último, el periodo medio de pago se había establecido en 16’38 días, la mitad justo del máximo permitido por la ley. 

Sin embargo, en los últimos meses han cambiado notablemente todos los parámetros conocidos hasta ahora. Con estos datos, en diciembre de 2019 la ratio de operaciones pagadas era de un 8’34%, la ratio de las operaciones pendientes de pago era de otro 14’15% y, por último, el periodo medio de pago era de 9’93 días.

Las semanas previas al confinamiento coinciden, precisamente, con un incremento enorme en los plazos fijados para pagar a los proveedores al punto de desbocarse en las cifras, con el citado 502%, de los 9’93 días en diciembre de 2019 a los 59’79 días. De hecho, en marzo de 2020, la ratio de las operaciones pagadas era de 71’6% y un importe de pagos realizados de 1 millón de euros, y una ratio de operaciones pendientes de pago del 50’48%. El mismo portal oficial subraya que el importe de esos pagos alcanza los 1’3 millones de euros, lo que convierte el periodo medio de pagos en 59’79%.   

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